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PRESENTA CEDH EL INFORME ESPECIAL SOBRE CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

• Ninguno cumple con los estándares de DH.

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2024.- Con el objetivo de supervisar las condiciones en las que se encuentran los Centros de Detención Preventiva Municipal del estado de Michoacán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó un informe especial al respecto, en el que se analizaron las condiciones de infraestructura, la normativa aplicable a los mismos, lo referente a los recursos humanos y el costo que genera cada persona resguardada, así como el procedimiento que llevan a cabo para respetar los derechos humanos de las personas ahí concentradas.
Durante la presentación, el ombudsperson michoacano, dijo que el respeto a los derechos humanos en los Centros de Detención Preventiva Municipales, en una obligación de las autoridades, sobre todo ahora que la justicia cívica es una realidad.
Agregó que es necesario que las administraciones municipales cuenten con un plan anual de trabajo que incluya las acciones referentes a la mejora de los centros y los planes de capacitación y certificación del personal a cuyo cargo se encuentran dichos Centros.
Finalmente dijo que sólo el trabajo coordinado entre los gobiernos del Estado, de los Municipios y de la CEDH en cuanto a políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos, se va a lograr una sociedad más justa, más transparente y más desarrollada.
En lo que al informe se refiere, se dio a conocer que la CEDH requirió información a los 113 municipios del Estado, incluido el Concejo Mayor de Cherán, a través de los siguientes indicadores: número de Centros de Detención Preventiva Municipal; ubicación de los mismos; informe de personas que sufrieron lesiones dentro de los Centros de Detención, y, número de personas privadas de la libertad que perdieron la vida dentro de este espacio.
Cabe señalar que de los 113 municipios, el 58.4% no respondió; el 7.1% acusó de recibido, pero sin responder lo solicitado; el 33.6% respondió que sí cuenta con Centro de Detención, y, el 0.9% señaló que no cuenta con un Centro de Detención.
El informe da cuenta de que, de 2017 a 2022 se registraron 690 lesiones y 14 muertes.
Otros datos relevantes se refieren a que sólo el municipio de Zitácuaro cuenta con un reglamento en la materia; el municipio de San Lucas no cuenta con centro de detención, y, que algunos de los rubros no se encuentran apegados a los parámetros nacionales e internacionales analizados en este informe.
Derivado de lo anterior, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, emite las siguientes recomendaciones: implementar un orden jurídico para los municipios del estado de Michoacán; fortalecer la infraestructura de los Centros de Detención Preventiva Municipal, e, implementar programas de ingreso, permanencia y ascenso del personal que labora en los Centros de Detención Preventiva Municipal.
Asistieron a la presentación del Informe Especial sobre Centros de Detención Municipales: Mayra Xiomara Trevizo Guízar, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las y los presidentes municipales de Coeneo, Valeria Aguilar; Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado; de Queréndaro, Diana Caballero Romero; de Angamacutiro, Hermes Arnulfo Pacheco Bibriesca; de Maravatío, Mario Pérez Flores; de Churintzio Francisco Javier Pérez Maldonado, así como Araceli Cortés Galván, Síndica de Contepec; Ricardo Márquez Cervantes y Alejandro Zavala Leyva, director y subdirector de Seguridad Pública de Jungapeo; Salvador Manuel Galdino, director de Seguridad Pública Chilchota; Rogelio Vargas Moreno, Jefe de Prevención del Delito de Apatzingán; el subdirector de Seguridad Pública de Vistahermosa; así como representantes de los municipios de Uruapan y Zitácuaro.
En representación de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, asistió María Elisa Días Gómez, Defensora Adjunta de los Derechos Humanos; por parte del Ayuntamiento de Morelia, Ivonne Segundo Sánchez, Jefa de Mediación; Citlali Fernández, del Poder Judicial del Estado, y, Mario Alberto García Herrera, de la Fiscalía General del Estado.

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