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CEDH MICHOACÁN EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE SALUD A GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENIR EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

 

 

Ante los embarazos adolescentes y el riesgo que implica para su salud, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, exhorta a las autoridades competentes a generar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, que garanticen el acceso a una educación sexual desde temprana edad y su ejercicio responsable de forma plena, libre e informada.

 

Según datos del Registro Nacional de Población, cuatro de cada 100 nacimientos en México se registran en adolescentes menores de 17 años, con las consecuentes muertes por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio; siendo esta una de las principales causas de muerte en este sector de la población.

 

Aunado a lo anterior, las edades de inicio de la actividad sexual de niñas y niños ha bajado en casi 4 años, al pasar de los 14 a los 10 años de edad, en los últimos 5 años, lo que genera mayor riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planeados, ante el desconocimiento de los métodos de prevención, protección y cuidado.

 

Ante ello, y en concordancia con los artículos 3º y 4º, de la Constitución Federal y la Convención de los Derechos del Niño, la CEDH solicita a las autoridades competentes se realice una consulta amplia y profunda dirigida a las niñas, niños y adolescentes; de manera que se les otorgue el derecho de participación y se conozca su opinión, en la implementación de planes y programas de salud sexual y reproductiva.

 

La cual, debe realizarse además mediante la utilización de los medios de comunicación masiva, para el conocimiento de los espacios de entendimiento y formación en esta área, que les permita conocer los métodos de prevención, las responsabilidades que adquieren al contagiarse de una enfermedad o al tener un embarazo no deseado.

 

No debe perderse de vista que la salubridad es una materia coordinada entre los tres niveles de gobierno, -federación, estados y municipios-, de forma que deben actuar armónicamente para que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a educación sexual, orientada al desarrollo de las personas y el ejercicio responsable de la misma.

 

 

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